Madrid y los obispos



Hoy ha saltado a la parrilla noticiaria que la Comunidad de Madrid ha firmado, o mejor dicho, renovado un acuerdo ya existente desde que Ruíz Gallardón lo firmara en 1997 con el Arzobispado de Madrid según el cual "el Servicio de Asistencia Religiosa, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos".

Cuando por primera vez escuché la noticia en la Cadena Ser me llené de indignación y estuve a punto de salir a manifestarme al portal de mi casa contra la manipulación moral y religiosa que sufrimos en esta sociedad. Después del primer arrebato de terror me metí en elpais.com y leí el artículo. Posteriormente lo hice en elmundo.es. Y entonces me vi capacitada para escribir este post.

Estuve escuchando la tertulia política de La ventana (Gemmna Nierga, Cadena Ser) en la cual Mercedes de la Merced, parte del cuerpo ejecutivo del Partido Popular, exponía que en realidad los comités éticos de los hospitales en los que estos sacerdotes están incluidos no toman decisiones, simplemente asesoran acerca de la decisión que tomará el médico. Es decir, y como expone elmundo.es: "se busca una solución cuando los deseos del paciente entran en conflicto con los del médico, por ejemplo los cuidados paliativos en enfermos terminales o cómo comunicar el fallecimiento de un paciente".

No toman decisiones, eso es inamovible. Sin embargo, dan su opinión a una persona que sí tiene que tomar esa clase de decisiones. ¿Y qué autoridad tiene un sacerdote para dar ese tipo de opinión? Aunque sea licenciado en ética, en derecho, en psicología o incluso en medicina, esa persona está ahí, en ese comité, como representante de la Iglesia. Y por tanto, se supone que sus opiniones vendrán respaldadas por la moral católica. Y entonces es cuando me pregunto: ¿por qué un católico debe opinar sobre si se me tiene que practicar un aborto o acerca de cómo debe ser mi muerte? ¿Quién le ha otorgado esa potestad?

Porque en este caso no estamos hablando de psicólogos (y he de admitir en este punto que no creo que la psicología deba decidir tampoco sobre este punto) o médicos que se supone piensan en el bien de la persona y no deberían poner sus convicciones morales o religiosas sobre la mesa (aunque estoy convencida que eso no es así), sino que estamos hablando de una persona elegida esclusivamente por las ideas que representa, las ideas de la Iglesia Católica.

Y hasta aquí puedo leer. Les dejo las noticias que leí. Y si quieren escuchar la tertulia de la Cadena Ser, también.





www.elpais.com/articulo/sociedad/

www.elmundo.es/elmundo/2008/04/24/madrid/1209037903.html

www.cadenaser.com/actualidad/audios/ventana-tertulia-jueves/

Comentarios

  1. Opino como tú:

    Por supuesto, una persona debería tener el derecho a decidir sobre su vida. Ahora bien: entiendo que haya situaciones en las que no sea posible conocer la opinión del afectado (algo que podría cambiarse extendiendo la elaboración de testamentos vitales, que permiten aclarar de antemano la voluntad del testador en caso de quedar en estado vegetivo). En esos circunstancias, entiendo también que sea el médico (o un equipo de médicos encargado del caso) el que deba decidir (asesorando a la familia, que decide realmente, o -como creo que debería ser- a las personas indicadas, p. e., en el testamento vital del afectado). Incluso puedo entender que existan médicos que quieran pedir consejo a amigos, familia, colegas, autoridades... Por eso también entiendo que haya médicos religiosos (entre ellos, católicos) que busquen consejo en las autoridades religiosas respectivas (p. e., curas).

    Entiendo todo eso. Bien. Lo que no entiendo es... ¿¡CÓMO ES POSIBLE que un Estado pretendidamente aconfesional -y, por lo tanto, respetuoso de la libertad religiosa de sus ciudadados- convenga la participación de religiosos -de una sola religión, en exclusiva- en sus servicios públicos!? El Estado no debe favorecer la inclusión de ningún profesional en su servicio por motivo de sexo, raza, edad, (etc.,)... o confesión. Y no lo digo yo: es el razonamiento intrínseco al principio del respeto a las minorías que es parte fundamental del consenso político democrático contemporáneo.

    Hala, ya lo he dicho.

    ¡Besos, mona!

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  2. No es el estado el que ha hecho esto, es la Comunidad de Madrid - sólo matizar. A mi me gusta el humor de Forges...

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  3. Forges es genial.

    Una vez aclarado esto, cuando me refiero al Estado me estoy refiriendo al conjunto de las Administración e instituciones públicas, que son la manifestación real y práctica del contrato social, desde el ayuntamiento hasta los órganos de ámbito "nacional" (sic). Al fin y al cabo, según la Constitución (y pese a las cesiones de competencias a las Comunidades Autónomas y municipios), son las instituciones de ámbito nacional las que detentan la soberanía en este país. Por eso el Estado es responsable de las barbaridades que se cometan en los municipios y las Comunidades Autónomas.

    ¡Adious!

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  4. Aunque creas - creamos - que se vive mejor en un estado (país) sin nacionalismos, en el que ese estado - gobierno - sea el último responsable, y por ende sus votantes, de todo lo que ocurre, eso no es así actualmente. Debido a la gran descentralización en el estado Español, la cesión de incontables competencias a las comunidades autónomas, no puedes exigir responsabilidades a las instituciones nacionales de algo sobre lo que no tiene competencia, ya que no puede hacer nada al respecto. ¿Aludir al todo por una pequeña parte del mismo era una figura literaria no? ;)

    De todas formas, el verdadero fondo - trasfondo - de esta anotación está en que Lara está acojonada por irse a vivir a una comunidad autónoma gobernada por gente mucho más extremista que Fraga y sus secuaces... (¡¿y lo que se le echa de menos?!)


    ¡Besos, abrazos y gustis!

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